1. Es evidente que las medidas propuestas por el gobierno central para “reactivar” la economía son producto de presiones de determinados sectores económicos aprovechando un estancamiento económico, resultado de una coyuntura internacional desfavorable. Esta coyuntura nos afecta debido a que el gobierno se ha negado a realizar reformas que favorezcan un crecimiento más sostenible y menos expuesto a condiciones externas.
2. En el paquete normativo planteado por el gobierno se dice que el ordenamiento territorial no define usos del territorio ni establece exclusiones. Exigimos que el gobierno precise qué instrumento sí lo hace. Nos parece que lo que se discute en el fondo es si realizamos un uso planificado de nuestro territorio de acuerdo a las prioridades del desarrollo local, regional y nacional, o dejamos que el mercado o sectores como energía y minas lo definan según sus intereses. Recordemos que esta manera de intervenir en el territorio ha generado ciudades caóticas, riesgos de desastres, brechas socio-económicas y deterioro de nuestro patrimonio ambiental y cultural. Le recordamos al presidente Ollanta Humala que al empezar su mandato se comprometió a establecer una política y una ley de ordenamiento territorial que permitiera superar estos problemas.
3. Recordamos a la opinión pública que la adecuada planificación y gestión del territorio nos ayudará a prevenir conflictos de uso evitando que se otorguen concesiones mineras y lotes petroleros sin tomar en consideración: los derechos de las comunidades campesinas o nativas; la existencia de áreas naturales protegidas, zonas urbanas, patrimonio histórico y biodiversidad; así como, la existencia de servicios ambientales fundamentales para la reproducción de la vida y de los ecosistemas.
4. El ordenamiento territorial debe posibilitar la coherencia y adecuación de las políticas sectoriales en los territorios, la adecuada distribución de la población y de la infraestructura, los servicios y el equipamiento público, la implementación de la política de prevención de riesgos y desastres, y la adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático. Se trata de un proceso de toma de decisiones planificado sobre el desarrollo al que aspiramos, en el cual los diversos niveles de gobierno (nacional, regional, y local) y la población toman parte.
5. El carácter vinculante de los Planes de Ordenamiento Territorial es lo que permite un uso sostenible del territorio. El gobierno central, con sus medidas “reactivadoras”, busca liquidar esta discusión y convertir a los planes de OT en meras orientaciones, además de quitarle al MINAM su rol rector en esta materia.
6. Como Plataforma para el Ordenamiento Territorial rechazamos estas medidas e invocamos al Congreso de la República a poner en buen resguardo aquellos instrumentos como el ordenamiento territorial que nos permiten una convivencia más armoniosa y civilizada. Igualmente, invocamos a la sociedad civil a pronunciase sobre estas reformas y expresar su rechazo.
Plataforma para el Ordenamiento Territorial.
