En mayo del 2012 se declaró en Emergencia Ambiental (por los graves impactos realizados por la actividad extractiva minera), a las poblaciones del Distrito de Simón Bolívar en la Provincia y departamento de Pasco; sin embargo, concluida dicha Declaratoria de acuerdo a las evaluaciones realizadas, se conoció que sólo se había alcanzado menos del 10% de los resultados esperados (habiéndose realizado algunas actividades para remediar esta dura problemática de contaminación y afectación a la salud), muy a pesar que los Directivos de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, habían sostenido erróneamente que en su momento alcanzaron el 92% del cumplimiento de actividades y resultados esperados.
Las acciones de exigencia que fueron realizadas por las autoridades del distrito de Simón Bolívar, conjuntamente con los dirigentes de la sociedad civil de Pasco y los padres de familias de los niños y niñas afectadas por metales pesados: La marcha de sacrificio (a pie de Cerro de Pasco a Lima) por el periodo de15 días, emprendido el 17 de setiembre del 2015; posteriormente el encadenamiento en las puertas del Ministerio de Salud del 14 al 23 de junio del 2017, sirvieron para poner en la agenda nacional e internacional, esta grave problemática de contaminación ambiental de poblaciones y sobre todo la intoxicación crónica por metales pesados principalmente de los infantes. En el desarrollo de dichas acciones (para las discusiones en las mesas de diálogo de alto nivel realizados en la PCM y demás ministerios), el “Centro Labor” dio el acompañamiento técnico con la facilitación de información de los diferentes estudios desarrollados en la provincia de Pasco.
Esta semana, específicamente el miércoles 28 de febrero, una vez más las autoridades y pobladores de Simón Bolívar - Pasco, volvieron a realizar medidas de exigencia en el Ministerio de Salud, está vez a razón de no encontrar respuesta a las diferentes solicitudes remitidas desde el mes de setiembre del 2017, en el marco de la implementación de acciones de la Emergencia Sanitaria, donde advertían que no se venían cumpliendo el desarrollo de las diversas actividades del Plan de dicha Emergencia y de los demás acuerdos suscritos el 23 de junio del 2017 en la PCM. Entre las actividades más observadas se encuentran, la atención médica a los menores afectados por metales pesados, cuyos padres de familias han denunciado la poca atención especializada que reciben sus hijos en el Instituto Nacional de Salud del Niños –San Borja, ello ante los Directivos, Viceministros y el propio Ministro de Salud Dr. Abel Salinas.
Frente a ello se ha suscrito un nuevo Acta con 12 puntos a implementarse entre las autoridades del MINSA (Ministro de Salud, Viceministros), autoridades de Simón Bolívar y representantes de los ministerios; asimismo los menores que arribaron a Lima acompañados de sus padres, reinician sus atenciones médicas con la asistencia del Dr. Fernando Osores, conocedor de esta problemática y quien realizó estudios al respecto. Es necesario informar que 12 menores que participaron en la toma de las contramuestras (muestras de cabellos enviados a Italia) realizados el 4 de noviembre, en coordinación entre Source international de Italia, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar y el Centro de Cultura Popular Labor, recibieron sus resultados de dichos estudios por parte de representantes del Centro Labor, documento que son válidos para la atención especializada que vienen recibiendo en la ciudad de Lima. Cabe resaltar que entre los acuerdos, se establece que los casos graves de niños afectados serán derivados a otros países para una atención especializada que no se garantiza en nuestro país; asimismo, se amplía la emergencia sanitaria para 12 distritos correspondientes a la provincia de Pasco y Daniel Alcides Carrión que poseen estas problemáticas.
Cerro de Pasco, 02 de marzo del 2018.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, viene promoviendo el Proyecto de Reglamento relacionado al artículo 17 de la Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, referente a las infracciones ambientales, la misma que fue modificado en abril del año pasado, entre las diversas conductas que son consideradas como infracción encontramos el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental, así como el incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión.
El Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, el 27 de diciembre del 2013, ha emitido la Resolución 292-2013, sobre el recurso de apelación interpuesta por la empresa minera Volcan contra la Resolución 408-2013-OEFA, que sancionaba a esta empresa con 60 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), debido a que en la supervisión realizada en Julio del 2009 detectaron infracción a la normativa ambiental en el área de pasivos mineros ubicados en el Río San Juan y Delta Upamayo y lado norte del lago Chinchaycocha y, en la Unidad Minera Cerro de Pasco.
Después de aprobado, en octubre del 2013, el Reglamento de la Ordenanza Regional sobre el Registro de Desplazados y Afectados por la actividad minera y otras actividades extractivas, se viene coordinando la conformación del Comité de Calificación que se encargaría de elaborar los mecanismos e instrumentos para la apertura del libro de registro de personas afectadas en su salud y de las familias cuyas viviendas han sido dañadas por la actividad extractiva.
En la reunión de trabajo “Propuestas para la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero”, el Centro Labor manifestó que los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de exploración y explotación minera no consideran en detalle la cantidad de insumos a utilizarse y que generan Gases de Efecto Invernadero, tampoco presentan un balance de la cantidad de emisiones que producirán y menos un plan de mitigación; por lo mismo, conjuntamente con los y las participantes de la reunión, se planteó que es necesario exigir al Gobierno la inmediata incorporación de este tema en los instrumentos de evaluación ambiental, así como la exigencia a que los gobiernos locales y regionales establezcan estrategias y realicen acciones frente al Cambio Climático.
