Del 21 al 23 de agosto de 2017, más de 700 ciudadanas y ciudadanos provenientes de todas las regiones del Perú nos reunimos en Lima en la XVIII CONADES, para discutir en torno a la situación del país, intercambiar experiencias, celebrar nuestro compromiso con la democracia, la justicia, la igualdad y la transparencia y, sobre todo, para darle forma a una propuesta que exprese un nuevo Perú: el Perú que nos merecemos.

Nuestro encuentro ha tenido lugar en un momento de intensas y crecientes movilizaciones sociales en el país. Es por ello que, al inaugurar la XVIII CONADES, expresamos nuestra solidaridad con las justas luchas de maestras y maestros, médicos, enfermeras y demás trabajadores y trabajadoras del sector Salud, que se movilizan no solo por sus demandas salariales y laborales sino también por Educación y Salud de calidad para todas y todos las peruanas y peruanos.

La XVIII CONADES ha tenido como marco de referencia una situación internacional compleja y tensa por lo cual dedicó su panel inaugural al análisis de la misma. Diversos síntomas dan cuenta de que la crisis económica que se abrió hace casi una década no ha sido resuelta. La mayoría de las economías del mundo están estancadas. Simultáneamente se ha agudizado los niveles de explotación de trabajadores y trabajadoras y se ha hecho más intensa la exclusión de quienes están fuera del mundo laboral formal, en particular de las y los jóvenes. La desigualdad ha crecido en la mayoría de los países y entre países. En este marco se han hecho más evidentes las limitaciones de modelos que apuestan exclusivamente por las actividades extractivas, las exportaciones y a la apertura indiscriminada de los mercados, tal como sucede en el Perú. A pesar de su debilitamiento coyuntural, los proyectos regionales de integración siguen siendo la mejor alternativa para encontrar un espacio propio en el marco de un mundo en el cual la intensificación de la disputa por la hegemonía global está poniendo en crisis las reglas de juego neoliberales de décadas pasadas.

El componente generacional es un factor que requiere tomarse en cuenta, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores como sujetos de derechos y con capacidad de aportar y participar. Una problemática fuerte es el embarazo adolescente que exige políticas públicas integrales y articuladas

El trabajo e intercambio de esta Conferencia se desarrolló en torno a tres grandes ejes. Para cada uno de ellos se contó con la participación de especialistas, de representantes de organizaciones sociales y de ciudadanos y ciudadanas de todo el país.

El primer Eje del evento “Modelo de Desarrollo”, realizó un balance de las limitaciones del modelo económico vigente y de sus impactos en el sistema político así como en los

derechos de diversos sectores de la población. - El sistema genera desigualdades que también se hacen evidentes en el presupuesto público, por ejemplo la distribución del mismo afecta más a los niñ@s como es en términos porcentuales en salud y educación.

Quedó claro que un modelo primario exportador que apunta a crecer sin diversificar y sin redistribuir ya no es viable y tiene diversas consecuencias negativas, más aún en un contexto de acelerado cambio climático. La dimensión extractivista del modelo afecta seriamente los derechos ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas sobre sus territorios. En diversos ámbitos ha crecido la sobre-explotación del trabajo, particularmente femenino y juvenil, y ha aumentado la trata de personas. Las limitaciones fiscales que impone el modelo así como las privatizaciones han deteriorado seriamente la cobertura y calidad de los servicios básicos que proveen derechos (Educación, Salud, Justicia, Seguridad, etc.) Se requiere visibilizar el trabajo no remunerado que desarrollan principalmente las mujeres en el hogar y las organizaciones.

El modelo vigente ha incrementado la vulnerabilidad de la sociedad peruana, particularmente de las y los más pobres, tal como se hizo evidente en los meses de emergencia debido al impacto del fenómeno del Niño Costero. - Se requiere contar con políticas de gestión de riesgos de desastres y de intervención que incorpore además de la reducción de riesgos, la reconstrucción, el derecho a una vivienda digna, la planificación territorial, con un enfoque de género y de vulnerabilidad.El trabajo en torno a este tema no se agotó en la crítica del modelo vigente y sus impactos. Se presentaron también experiencias y propuestas alternativas orientadas a construir una nueva economía, basada en la solidaridad, que promueva la diversificación productiva, el cambio de la matriz energética, la gestión sostenible de los recursos naturales y el ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria y que priorice los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. El intercambio y reflexión en torno a un nuevo modelo de desarrollo se vinculó fuertemente al fortalecimiento de un Estado democrático, descentralizado, laico y paritario. El relanzamiento de la descentralización requiere retomar prácticas de participación ciudadana a todo nivel, incluyendo la puesta en marcha de un proceso democrático de ordenamiento territorial. El Estado debe cumplir su rol de garante de derechos y proveedor de servicios básicos para todas y todos, priorizando a los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad. Y, en general, debe garantizar la preservación del mayor patrimonio que tiene el país, su enorme diversidad en términos de recursos naturales y culturales, apuntando a promover el bienestar de mujeres y hombres sin discriminación.

El segundo Eje de trabajo de la CONADES fue el de Corrupción. Quienes participaron de este espacio escucharon y debatieron diversas perspectivas de análisis del fenómeno

de la corrupción. No solo los enfoques económicos y políticos de la corrupción, sino también una lectura de la misma desde la ética y la cultura. La corrupción, fenómeno complejo que atraviesa casi todos los ámbitos de la vida nacional, desde lo cotidiano hasta las decisiones en las altas esferas de la economía y la política, es sin duda uno de los principales obstáculos para avanzar hacia “el Perú que nos merecemos”. La corrupción afecta y oprime a los más vulnerables En las presentaciones se vincularon los eventos de la gran corrupción con la corrupción menos visible y cotidiana que erosiona la ética social y crea condiciones propicias para su tolerancia generalizada.

A partir de los mencionados enfoques, las y los participantes en este eje, construyeron una visión propia que se representó como “la telaraña de la corrupción”, resaltando factores como la impunidad, la debilidad institucional, ausencia de vigilancia ciudadana, un sistema burocratico lento, el clientelismo político, entre otros, en este andamiaje.

Las presentaciones y análisis de casos diversos ha permitido entender mejor los mecanismos más importantes a través de los cuales opera la corrupción y cómo este fenómeno se entrelaza con los temas de los otros grupos de trabajo de esta CONADES. Por un lado, con el modelo neoliberal que promueve la depredación de los recursos naturales, la evasión y elusión fiscal, la sobre explotación del trabajo, el individualismo consumista exacerbado y la búsqueda del dinero fácil; por otro, con el debilitamiento del Estado, su captura por intereses privados, la desprotección de las ciudadanas y los ciudadanos, en particular de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo las comunidades y pueblos indígenas que han sido y son directamente afectados por mega proyectos.

El trabajo en este Eje tampoco quedó solamente en el análisis. Tras recibir la experiencia de personas representativas de diversos espacios (Poder Judicial, Defensoría, Movimientos Sociales, Medios de Comunicación, etc.) que han desarrollado propuestas y acciones contra la corrupción, se desarrolló un intercambio que apuntó a establecer lineamientos básicos para un plan nacional de la sociedad civil contra la corrupción. Un componente fundamental de dicho plan es retomar el impulso de la coordinación denominada “Corrupción nunca más” tanto a nivel nacional como en cada una de las regiones.

El tercer Eje de la XVIII CONADES, el Sistema Político, Género y Desigualdades, en el cual desde diversas perspectivas (las mujeres y los jóvenes, las indígenas y sindicalistas, los movimientos de derechos humanos, etc.), las presentaciones y el intercambio coincidieron en señalar que lo que el Perú requiere es un nuevo sistema político. La reforma electoral es un aspecto del cambio que se necesita. El proceso de transición que se abrió con la caída del régimen de Fujimori está cerrado y se ha configurado un régimen de Estado precario y capturado por los poderes fácticos, deslegitimado ante la población, que apela cotidianamente a diversas formas de represión (criminalización

de la protesta social) y tolera –cuando no alienta- una creciente violentización de la sociedad. Esto último es particularmente notorio en relación con la violencia que viven las mujeres y diversas poblaciones cuyos derechos son cotidianamente vulnerados. Se requiere entender y practicar la democracia de otra manera garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos. Se requiere una democracia que garantice efectivamente todos los derechos para todas y todos sobre la base de la igualdad y la no discriminación.

En el marco del trabajo de este Eje se prestó particular atención a la ofensiva neoconservadora que alientan diversos poderes fácticos para neutralizar y revertir los avances en el terreno de las autonomías de las personas, la libertad y la igualdad de género. Las presentaciones sacaron a la luz las diversas dimensiones de esta ofensiva y cómo se despliega en el terreno institucional (normas y políticas públicas, decisiones del Poder Judicial, etc.) y en la vida cotidiana, donde tienen un rol importante los discursos de los sectores conservadores de las iglesias y de los grandes medios de comunicación.

Es necesario romper con los roles tradicionales de género y no retroceder en los derechos adquiridos y en lo avanzado a nivel social y político. El movimiento feminista ha planteado diversas rutas para la deconstrucción del poder patriarcal, ha logrado que se incorpore el enfoque de género de manera transversal en el sistema jurídico, utilizando los mecanismos legales, judiciales y políticos, sin embargo, los sectores conservadores y fundamentalistas pretenden desconocer estos avances y promueven retrocesos, colocando en mayor riesgo a las mujeres frente a la violencia y reforzando la cultura de la impunidad.

También aquí el trabajo colectivo del Eje 3 identificó y desarrollo estrategias de respuesta. Por un lado el continuar profundizando en el análisis de los discursos discriminadores y de las diversas formas de la violencia de género y, partir de ello, desarrollar respuestas en todos los campos. Por otro el mantener una ofensiva sistemática en los espacios institucionales: Congreso, Ministerios, Cortes de Justicia. Y además mantener y renovar el activismo social en las calles, los medios masivos y los alternativos, las intervenciones culturales, etc. El éxito de movilizaciones como las de “Ni una menos” y "Déjala decidir" tiene que ver con la conjunción de estos diversos factores. Nuestros Compromisos

Al culminar esta XVIII Conferencia Nacional de Desarrollo Social queremos, en primer lugar compartir los resultados del intenso trabajo de estos tres días con el amplio espectro de instituciones, organizaciones y personas que comparten el sueño de construir un Perú basado en la justicia, la igualdad, no discriminación y transparencia.

Nos comprometemos a llevar estos resultados a nuestros espacios locales, regionales, sectoriales; a promover su difusión en diversos medios; a abrir procesos de diálogo e incidencia con autoridades, representantes y funcionarios y funcionarias a todo nivel.

En particular nos comprometemos, y llamamos a la más amplia articulación de las fuerzas democráticas del país en torno a esto, a promover el debate y la acción para:

• Promover un nuevo modelo económico diversificado y redistributivo, que reconozca y respete la diversidad productiva, que genere valor agregado y empleo digno para todas las personas

• Promover una reforma del Estado que garantice los derechos humanos universales de todos y todas. Un desarrollo que ponga a las personas en el centro de la atención, una gestión descentralizada. Desprivatizándolo del interés particular y recuperando el bien común. Para lo cual es indispensable desarrollar una reforma del sistema fiscal con criterios de justicia y equidad.

• Promover una profunda reforma del sistema político en su conjunto, la reforma electoral, reformas del Poder Judicial, del Ministerio Publico, del Sistema Electoral. Asimismo, una reforma electoral integral con paridad, alternancia y sanción del acoso político.

• Promover la renovación de los mecanismos para una real y efectiva participación y representación, que restablezca el rol del Estado como garante de todos los derechos universales.

• Profundizar la lucha contra la corrupción a partir de un fuerte activismo de la sociedad civil, la reestructuración de las instancias de control del Estado, la sanción de corruptores y corruptos, la promoción de una cultura de rendición de cuentas, transparencia y honestidad en la gestión pública.

• Defender y ampliar los logros en el terreno de la igualdad de género y no discriminación, frenando la ofensiva conservadora y fortaleciendo y ampliando las políticas, los programas y mecanismos que buscan erradicar todas las formas de violencia y las desigualdades de género.

• Vigilar el Plan de Reconstrucción con Cambios para garantizar que priorice de manera efectiva a los hombres y mujeres que han perdido sus medios de vida. Este Plan debe poner el acento en la prevención y la adaptación frente a los efectos del cambio climático, revirtiendo los factores de vulnerabilidad que se han ido acumulando a lo largo de siglos.

• Construir una propuesta alternativa al neoliberalismo y a los discursos conservadores, propuesta que articule aspectos económicos, políticos, sociales, ecológicos y culturales, garantizando la igualdad de género así como el respecto y promoción de nuestra diversidad en una perspectiva intercultural. 

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como "desierta" la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)". En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

En días recientes, el entorno del local institucional del Ministerio de Salud se ha visto conmovido por la presencia de ciudadanos y de niños provenientes de Cerro de Pasco, quienes protestan ante la inacción del Estado respecto de la terrible situación de salud que los aqueja. “Vida sí, plomo no”, “El agua es vida, el agua en Pasco mata”, “Alto a la leucemia en Pasco”, son algunos de los mensajes que nos transmiten las pancartas con las que han rodeado la puerta de acceso al ministerio.

Degradación ambiental en Cerro de Pasco

Habiendo crecido al calor de la minería antigua y moderna, la ciudad capital de mayor altitud del Perú experimenta una persistente crisis de salud pública y ambiental provocada, entre otros factores, por los pasivos mineros provenientes de las actividades extractivas. Y no es la primera vez que hacen sentir su voz. En 2012, las movilizaciones y llamados de atención a las autoridades locales, obligaron a estas a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio del Ambiente para declarar a Cerro de Pasco en emergencia roja ambiental, dada la comprobada presencia de metales pesados y otros contaminantes en el organismo de muchos de sus habitantes, especialmente en los niños.

Esta declaratoria suponía la pavimentación y reforestación de las calles, el financiamiento de un proyecto integral de agua y desagüe, la construcción de un centro de desintoxicación de plomo y otros metales, y la remediación de los pasivos mineros. A decir verdad, a la fecha poco se ha avanzado. Allí radica el leitmotiv de las protestas, pues el degradado y riesgoso estado de cosas continúa exponiendo a la población a males diversos.

Así entonces, en distritos como Simón Bolívar se tiene a niños con plomo por encima de los estándares aceptables, varios de ellos con bajo desarrollo escolar, problemas psicomotrices, alergias, desgano, e incluso cáncer. Y para complicar las cosas, el agua que consume Cerro de Pasco no reúne las condiciones mínimas de calidad, a lo que se suma la presencia de enormes charcos de agua sulfatada que al secarse liberan polvo que recae en los pavimentos y en las casas. Un caso aparte es el estado calamitoso de varias lagunas que rodean la ciudad. Ni la minería antigua ni la moderna parecen haber traído mejores condiciones sociales, económicas y urbanas a la que alguna vez fue la “capital minera del Perú”.

Mientras en La Oroya

Si esta es la inquietante situación de salud ambiental en Cerro de Pasco, ante lo cual su población protesta y demanda soluciones expeditivas, cosa totalmente distinta parece discurrir a 128 kilómetros hacia el sur, en La Oroya, donde la gente suele interrumpir el tráfico de la carretera central, pero no precisamente pensando en su salud.

A semejanza de Cerro de Pasco, en La Oroya también subsisten pasivos ambientales. El plomo y el arsénico colonizan el organismo de muchos de sus habitantes, las aguas del río Mantaro son inutilizables y la ciudad también ha crecido al calor de la minería, a través de las operaciones de la fundición metalúrgica cuyas emisiones han venido contaminando la ciudad desde hace casi cien años.

Pero a diferencia de Cerro de Pasco, en La Oroya no se movilizan en pro de la salud de su gente sino en favor de que la fundición continúe operando –aunque la siga contaminando— con vistas a asegurar los puestos de trabajo. Además, se cuestiona al Estado porque podría cerrar el complejo metalúrgico, minimizando los riesgos asociados a la contaminación y negando  que existan personas enfermas por esta causa.

Dos ciudades, dos caminos

¿Qué hace tan distintas a Cerro de Pasco y La Oroya, pese a compartir condiciones históricas de alta exposición a los impactos contaminantes propios de emprendimientos mineros o metalúrgicos? ¿Por qué los pobladores de Cerro de Pasco denuncian sus problemas de salud, sin hacerse problemas en asociarlos con la contaminación minera, mientras los de La Oroya protestan porque los estándares ambientales son demasiado estrictos, impidiendo la continuidad de las operaciones metalúrgicas?

Entre las posibles razones, se puede remarcar que el grado de polución en Cerro de Pasco es históricamente mayor al de La Oroya, pues la primera nació como asentamiento minero desde fines del siglo XVI, mientras que la segunda recién comenzó a experimentar los efectos de la industria extractiva en 1922, tras la apertura de la fundición. En la larga duración, Cerro de Pasco ha acumulado una mayor cantidad de residuos mineros que se grafican hoy en día con la existencia de monumentales montañas artificiales, como el caso de la desmontera Excélsior, que a la fecha no está remediada.

Otro elemento que es preciso tomar en cuenta es el grado de dependencia económica de ambas ciudades respecto a la actividad extractiva. Una mirada inicial daría la impresión que tanto La Oroya como Cerro de Pasco exhiben similar estatus. Sin embargo, en esta última la minería ya no sería ni la más determinante ni la única fuente de ocupación entre sus 70 mil habitantes, como lo señala Wilmar Cosme, de la Asociación Civil Labor. En cambio, La Oroya, con 20 mil habitantes ahora, tiene proporcionalmente más personas involucradas laboralmente con el complejo metalúrgico. El histórico tajo minero de Cerro de Pasco, que hoy continúa tragándose a la ciudad y obligando a su reubicación, no resulta tan portentoso como la simbólica chimenea de La Oroya en su capacidad de modelar expectativas e identidades a su alrededor. Como decía un poblador oroyino: “..te queremos fundición de mis amores…de ti hemos vivido…muchas gracias por todo…”.

Un factor que también ayuda a lograr un mejor examen comparativo es la actitud negacionista que se ha hecho sentido común en La Oroya, reforzada por la aparente ausencia de cuadros dramáticos de salud entre sus habitantes, a diferencia de Cerro de Pasco. Un trabajador de la fundición le respondía así al antropólogo Alonso Burgos: “Dicen que hay niños enfermos, pero son las ONG del medio ambiente que se han inventado eso. Tengo veintisiete años trabajando y no soy mongolito o tarado”. En Cerro de Pasco, por el contrario, los casos son crudamente expresivos de que la salud y los servicios públicos no obtienen respuestas terminantes ni del Estado ni de las empresas mineras involucradas.

Así con todo, lo real es que en Cerro de Pasco hay un grave e irresuelto problema de salud y de exposición a la contaminación, mientras en La Oroya subsiste un impase de corte empresarial que mantiene inactiva a la fundición y a sus trabajadores en involuntaria suspensión laboral.

Más allá de sus diferencias, ambos casos ilustran cómo la minería moderna no siempre es tan limpia ni tan promotora del desarrollo, al menos en sus zonas de influencia. Pero también expresan nuestra persistente debilidad institucional y valorativa, por cuanto, de un lado, las penosas condiciones de salud no obtienen respuesta oportuna, y de otro, se ponen en segundo plano los derechos a la salud para privilegiar los ingresos económicos. Lo peor es que, a la fecha, no se logra ni lo uno ni lo otro para ambas poblaciones.